RESUMEN

El Ayuntamiento de Ondarroa ha cometido una gran injusticia administrativa en la gestión de la Residencia de Ancianos Artibai: personal técnico, usurpando funciones decisorias que competen a la Corporación, ha expulsado a la empresa adjudicataria del servicio de fisioterapia. El motivo: que ésta no ha aceptado ciertas condiciones irregulares impuestas por dichos funcionarios.

Habiendo buscado amparo en la Corporación Municipal, no hemos recibido respuesta alguna ni del gobierno, ni de la oposición. En esta situación de indefensión, únicamente nos queda la vía de hacer público lo sucedido, pidiendo al Ayuntamiento de Ondarroa que ponga los medios para controlar que sus trabajadores no cometan este tipo de irregularidades.

Ikus euskarazko bertsio orijinala.

 

1.     Descripción del problema

Para identificar con nombres y apellidos a los responsables, ver apartado 2.

1.1 Antecedentes

El Centro de Fisioterapia AIXEBE ha venido prestando sus servicios en la Residencia Artibai de Ondarroa desde el año 2004. El servicio ha salido a concurso cada 4 años, habiendo resultado elegida nuestra empresa hasta el año presente. Han sido 12 años intentando hacer un buen trabajo por nuestra parte; sin reclamación alguna por parte del Ayuntamiento; resolviendo los problemas mediante el diálogo, a medida que se iban presentando; confeccionando facturas en regla (exentas de IVA, como en cualquier servicio de salud) y presentándolas todos los meses en el Departamento de Contabilidad, sin incidencia alguna.

 

1.2 Una petición imposible

Un buen día de octubre de 2015, tras 12 años de servicio, recibimos una llamada del Departamento de Contabilidad. Se nos hace notar que presentamos las facturas sin IVA, y que por tanto, haciendo caso al pliego de condiciones vigente (de 2008), debemos devolverles el importe correspondiente al IVA de todos los años precedentes. Boquiabiertos, pensamos que evidentemente se trata de un malentendido, nos reunimos con la Secretaria Municipal (autora del dicho pliego de condiciones), que nos confirma la petición: efectivamente, en el pliego de condiciones pone claramente que el IVA es aparte.

 

1.3 Un pliego lleno de errores

Pero… la redacción de los pliegos es general, y al parecer no se hacen a medida de las características de cada empresa. Un vistazo a éste de 2008 es suficiente para ver que está plagado de errores (p. ej: el “Servicio de Fisioterapia” detallado en la versión en español, aparece como “Animazio Zerbitzua” en euskera, lo que nos indica de dónde procede el texto…). Hay que decir que, cuando en su día se nos presentó éste pliego de condiciones, hicimos una larga lista de errores como éste y se los hicimos ver a los empleados municipales (no únicamente nosotros; recientemente otra empresa que se presentó a aquel concurso nos ha informado de que ellos hicieron lo mismo). Entre dichos errores mencionamos éste punto referido al IVA. Pero la Secretaria Municipal le restó importancia: “tranquilos, no tiene importancia; son errores derivados del corta-pega (sic) y no hay que hacerles caso” fueron sus palabras literales. Pues menos mal que no había que hacerles caso…

Estimando inaceptable que nos reclamaran la devolución de ese supuesto IVA, quisimos reunirnos con el Ayuntamiento, para aclarar el malentendido mediante el diálogo. Hablamos con la Secretaria Municipal. Le enseñamos la Proposición Económica que presentamos, y ellos aceptaron, en 2008 (la Proposición Económica es el documento que tiene valor legal real, no el pliego de condiciones). Al ver que en dicho documento no mencionábamos el IVA, se le cambió el color de la cara: vimos de forma clara que en su día no lo leyó (“¡en tal caso no lo hubiéramos aceptado!” fueron literalmente sus palabras). Ésto quiere decir que resolvieron el concurso sin examinar adecuadamente la documentación. Su respuesta en esta situación fue de chiste: “Es que nosotros no podemos leerlo todo. ¡Si nos pusieramos a leer todos los documentos…!”.

 

1.4 En evidencia

Tan evidente fue la negligencia, que a pesar de que nos prometieron una respuesta, no fueron capaces de llamarnos (para admitir la metedura de pata y proseguir como hasta entonces). En vez de ello, dejaron de pagarnos las facturas e interrumpieron toda comunicación con nosotros. Ésa fue la única respuesta de facto.

Mientras tanto, nosotros proseguimos discretamente nuestro trabajo diario, sin mencionar nada de este asunto ni a nuestra trabajadora ni a los compañeros ni pacientes de la Residencia. Durante cinco meses, hasta el último día estipulado.

 

1.5 Nuestra abogada nos recomienda denunciar

Sin saber qué hacer ante esta falta de respuesta, contratamos una abogada; ésta nos recomendó denunciar al Ayuntamiento por malversación (según el Código penal y la Ley de Contratación del Sector Público); nosotros, en cambio, nos mantuvimos en nuestra voluntad de dialogar. A pesar de intentarlo durante cinco meses, no conseguimos reunirnos con nadie. Convencidos de que los funcionarios no nos iban a hacer caso, comenzamos a pedir reuniones con los políticos. Mientras insistíamos, sorpresivamente, el 22 de febrero nos pagaron todas las facturas retrasadas de golpe (cosa que atribuímos a que algún político se dio cuenta del posible delito en el que estaban incurriendo los funcionarios). Ésto suponía darnos la razón implícitamente; pero, aun así, seguimos solicitando esas reuniones: faltaba un mes para finalizar el plazo del contrato, y todavía no sabíamos si debíamos seguir trabajando o no en la Residencia Artibai.

 

1.6 Expulsados del servicio

Pocos días después (3 de marzo), recibimos una comunicación escrita, notificándonos que a fin de mes, junto con el contrato, finalizaría nuestro servicio. Ni una palabra sobre el motivo de la rescisión.

El contrato en cuestión tenía opción de ser prorrogado durante un año (tal como habíamos hecho durante los 12 años anteriores), pero en esta ocasión no se nos mencionaba tal posiblidad. Por supuesto que el Ayuntamiento no tenía ninguna obligación de prorrogar nuestro contrato, y puede contratar a quien desee. Pero nosotros tenemos claro lo que ha ocurrido: hemos contrariado a unos funcionarios; se han sentido ofendidos con ello (al parecer no están acostumbrados) y ésta ha sido su respuesta.

 

1.7 Apagando fuegos

Después hemos sabido (hechos consumados) que el tiempo se les echó encima y realizaron un contrato, convenio o algo parecido con otra empresa para 6 meses, con intención de preparar entre tanto un nuevo concurso. Mucho tendrán que cambiar las cosas para que nosotros nos presentemos: de momento, no tenemos ninguna gana de colaborar con ésta Administración Municipal.

Queremos enviar un mensaje a la empresa que se haga cargo de la nueva adjudicación: esperemos que nuestro caso os sirva de aviso; leed bien todas las cláusulas, y si encontráis errores no os fiéis de esta gente: antes de firmar, haced que los corrijan.

 

1.8 Corolario

Actualización: el texto que estás leyendo fue redactado en abril de 2016. Antes de publicarlo, queríamos aclarar el asunto de la fianza. Como sabrás, cuando se realiza una contrata la empresa que se hace cargo del servicio deposita una fianza, para responder de cualquier perjuicio que se pueda ocasionar. Cuando el trabajo finaliza y se comprueba que todo está bien, esa fianza se devuelve a la empresa… tal como el Ayuntamiento de Ondarroa ha venido haciendo duerante los últimos 13 años: cuando se acababa la adjudicación, la fianza se devolvía.

En esta ocasión, por el contrario, la Secretaria Municipal no nos quiere devolver ese dinero hasta dentro de un año. Ha respondido a nuestra solicitud con un escrito largo y argumentado (se ve que tiene mucho tiempo libre para pasarlo en estas cuestiones), interpretando de otra forma las mismas normas que hasta ahora han servido para regirnos, de forma que lo que antes se devolvía al acabar el trabajo, ahora debe ser devuelto dentro de un año.

¿Cómo se entiende esto? Por nuestra parte, no hay duda: “Nos habéis estado fastidiando… pues ahora os fastidiáis vosotros!”. ¿Qué clase de funcionarios son éstos?

Tras analizar la cuestión, nuestra abogada nos indica que si reclamamos tenemos muchas posibilidades de que nos den la razón. Pero… aparte de las molestias, viajes al juzgado etc, no sabemos cuándo saldría el veredicto, y no sería raro que pasara un año, es decir, más tiempo del que nos quieren retener la fianza. Así que no merece la pena; desgraciadamente, nosotros no tenemos (como la Secretaria Municipal y la Contable) tiempo de sobra para perder en este tipo de pulsos absurdos.

Esperaremos pues, ese plazo de un año para reclamar de nuevo la fianza. Pero, entre tanto, incorporemos esta última guinda al «pastel» de la larga lista de irregularidades cometidas con nosotros.

 

2.     Responsabilidades

Esta cadena de injusticias ha sido iniciativa de técnicos municipales; los políticos se han limitado a confirmar las decisiones adoptadas por los funcionarios. Esta forma de trabajar es inaceptable en una Administración Municipal; imaginemos qué puede ocurrir si extrapolamos lo que han hecho en este caso (una partida relativamente pequeña) a grandes contrataciones.

Desgraciadamente, nosotros no pertenecemos a EH Bildu ni al PNV, por lo que no contamos con “padrinos” en el Ayuntamiento de Ondarroa. Así, nos resulta imposible elevar este asunto a un Pleno. Hemos querido reunirnos con la oposición, para explicarles el caso, pero nos han ignorado completamente (suponemos que han sido informados previamente por los funcionarios en cuestión, afines al PNV).  En cuanto al Gobierno de EH Bildu, solamente nos convocaron a una reunión cuando hicimos público el problema.

Dicha reunión (la primera en 5 meses, y la única hasta el momento) tuvo lugar el 4 de abril. En principio estábamos convocados Zunbeltz Bedialauneta (Alcalde), Rakel Elu (Concejal de Bienestar Social) y yo (Oier Gorosabel); pero sin previo aviso a nosotros se presentó también Josebe Arauko (Contable Municipal). De esta reunión saqué una conclusión mayor: los funcionarios se sienten intocables, y la Corporación Municipal no tiene intención de recriminarles los errores cometidos.

Así, nos encontramos en una situación de desprotección absoluta frente a este abuso, y no nos queda más opción que la denuncia pública. En ese sentido, queremos agradecer a la gente que se tome la molestia de difundir este mensaje.

En cuanto al reparto de responsabilidades, no está claro quién ha tomado la decisión final de nuestra expulsión. Al principio yo creía que la responsablilidad era casi exclusivamente de la Contable y la Secretaria Municipal, pero tras esta reunión he visto que más bien hemos sido víctimas de una cadena de negligencias. Examinemos el papel que cada uno ha representado en ella.

 

2.1 Garaine Ajuria, Secretaria Municipal

El caso de Ajuria es claramente de negligencia: las cláusulas erróneas usadas contra nosotros provienen del pliego de condiciones redactado por ella. Tal como hemos indicado antes, dicho pliego se encuentra plagado de errores, y ella ha reconocido expresamente que párrafos enteros fueron copiados literalmente de otro pliego, y que no leyó la documentación en su totalidad.

Además Ajuria, ante nuestra disconformidad, en vez de reconocer el error y rectificarlo, optó por apoyar la petición irregular de devolución del dinero, haciendo caso omiso a nuestra voluntad de dialogar para aclarar el malentendido.

 

2.2 Josebe Arauko, Contable Municipal

En el caso de la Contable, más que a la negligencia, la irregularidad parece haber obedecido a un exceso de celo. Buscando un ahorro para las arcas municipales, Arauko ha interpretado literalmente una cláusula errónea del pliego de condiciones de Ajuria: el epígrafe en el que se indica que el importe de las facturas es “IVA incluido”. A pesar de que el error es evidente (¡los servicios sanitarios están exentos de IVA!) la Contable ha interpretado que hemos estado cobrando un 21% más de lo que nos correspondía, y nos ha exigido que en las facturas sucesivas descontáramos ese importe, devolviendo además el correspondiente a los años anteriores.

Así, Arauko (sola o en connivencia con Ajuria, eso no lo sabemos), ha puesto en amenaza de quiebra a una pequeña empresa; ha bloqueado los pagos durante cinco meses; ha actuado como detonante de nuestra expulsión; y ha ocasionado el despido de una trabajadora.

Durante la reunión referida, la actitud de Arauko ha sido orgullosa y desafiante, con la prepotencia de una persona que se siente muy segura en su puesto de trabajo. Hemos intercambiado parabras muy fuertes. Ella no estaba convocada a la reunión, con lo que no hemos venido preparados para responder a argumentos técnicos; por este motivo, no he querido discutir con ella este aspecto.

En resumen, la intervención de Arauko ha consistido en justificar su actuación:

• Aduciendo que no ha habido retraso en los pagos, y hablando largo y tendido sobre los plazos normales que se manejan en la Administración.
• Defendiendo que la reclamación sobre el IVA es correcta, quitando importancia a los errores del pliego, y defendiendo para los funcionarios el derecho a equivocarse (¡!).

Pero el primer argumento no es de recibo: por una parte, nunca en los 13 años que hemos trabajado para el Ayuntamiento hemos tenido un retraso de tantos meses; por otra parte, según la ley que reglamenta las contrataciones del sector público, el Ayuntamiento tiene 30 días para hacer sus pagos; además nos han pagado el interés de demora que reclamamos en su día, con lo que se admite que hay demora. Y en cuanto al segundo argumento, resulta una admisión tácita de que algo han hecho mal.

Sobre los argumentos técnicos que quiera aducir la Sra. Arauko, yo no soy la persona adecuada para rebatirlos. Si desea discutir sobre este particular, deberá hacerlo con nuestra Gerente en una nueva reunión, o en el banquillo de un tribunal.

 

2.3 Rakel Elu, Concejal de Servicios Sociales

En la reunión Elu me ha mostrado su malestar, porque antes de haber hecho pública la cuestión deberíamos habernos reunido con ella; diciendo que si esta reunión se hubiera hecho con anterioridad, no habríamos llegado a esta incómoda situación…

No ha sido así. En la reunión no tenía información para responder a su reclamación, pero tras rebuscar en nuestro archivo he podido confeccionar la siguiente cronología. Como se puede ver en la misma, sí hemos intentado reunirnos con Elu, varias veces. Ella ha sido la que ha ignorado nuestras peticiones.

 

Cronología

Antecedentes:

• Octubre de 2015: Arauko nos llama planteando el asunto del IVA.
• Noviembre-diciembre de 2015: últimos contactos con Ajuria y Arauko; bloqueo de facturas; reclamamos por escrito dichas facturas; nuestra abogada nos recomienda denunciar; nosotros nos empeñamos en dialogar; nos damos cuenta de que los funcionarios están bloqueando la solución; comenzamos a intentar hablar con los políticos…
• 29 de enero: solicitamos reunión con el alcalde Arrizabalaga; tras un mes detrás de él, nos llega la noticia de su dimisión. Por tanto…
• 16 de febrero: solicitamos reunión con la concejal Elu. Tras hacer esta solicitud, con fecha de 22 de febrero recibimos un pago correspondiente a todas las facturas retrasadas. Interpretamos que se debe a la influencia de Elu (que repara en el posible delito).
• Tras resolver el asunto de las facturas, falta por aclarar la rescisión del contrato (a la sazón, todavía no sabíamos si debíamos seguir o no en la Residencia). Seguimos por tanto buscando una respuesta por parte de Elu, y confirmamos por escrito la solicitud de reunión; ante la falta de respuesta, el 29 de febrero solicitamos por escrito el teléfono de Elu a la secretaria del alcalde. No obtenemos respuesta.
• Sobre el 2 se marzo, llamamos por teléfono a la secretaria del alcalde. Ésta nos confirma que ha hecho llegar nuestro email a Elu, y se muestra sorprendida de que aún no se haya puesto en contacto con nosotros. Vista la situación, le solicitamos el teléfono directo de Elu. Nos responde que no tiene permiso para facilitar teléfonos personales, pero nos facilita un teléfono de una compañera suya de trabajo de la Mancomunidad. No pudimos comunicar ya que unicamente telefoneamos en una ocasión, porque…
• El 3 de marzo recibimos una comunicación del alcalde Bedialauneta, informándonos de que nuestra concesión finalizaba el 31 de marzo. A partir de este punto dejamos de insistir con las solicitudes de reunión, pasando en adelante a distribuirnos el trabajo de la forma siguiente: nuestra Gerente se encargaría de finiquitar el aspecto técnico/económico; y el Director (yo mismo) de exigir responsabilidades políticas.
• Con fecha de 10 de marzo, envié un escrito al alcalde Bedialauneta, concejal de Bienestar Social Elu, concejal de Relaciones Laborales Arkotxa, directora de la residencia Artaetxebarria, secretaria municipal Ajuria y contable Arauko, formulando la siguiente petición: aclarar el motivo de nuestra expulsión del servicio. Les dimos un plazo de una semana, indicando que de no recibir respuesta haríamos público el conflicto (hasta entonces no habíamos informado a nadie).
• La semana siguiente, recibimos una llamada de Rakel Elu (la primera hecha por un responsable político), indicándonos su disposición a reunirse con nosotros, y que nos llamaría.

 

Corrimiento de tierras en Kamiñalde, etc

Ni que decir tiene que hemos tenido en cuenta el annus horribilis del Ayuntamiento de Ondarroa (dimisión del alcalde, Kamiñalde, explosión en el puerto…); por eso no publicamos el asunto la fecha prometida (17 de marzo). De todas formas, hay que tener en cuenta que las irregularidades que denunciamos databan de mucho antes de comenzar los desastres. Recordemos algunas fechas:

• 2 de marzo: primeros corrimientos de tierra.
• 3 de marzo: primer análisis técnico; se cierra la calle para vehículos.
• 4 de marzo: primera reunión Ayuntamiento-vecinos.
• 8-9 de marzo: primer desalojo de 84 viviendas.
• 10-11 de marzo: segundo desalojo de 92 viviendas más.

Así llegamos al 30 de marzo, víspera de nuestro último día de trabajo, sin conocer quién va a tomar nuestro relevo en el servicio de fisioterapia de la Residencia. De modo que comenzamos a contactar informalmente con los compañeros fisioterapeutas de la comarca, hasta dar con los que han contratado; por iniciativa nuestra concertamos una cita al día siguiente, para coordinarnos y traspasar como es debido la cartera de pacientes. Ése mismo día distribuimos una nota informativa entre los compañeros de la Residencia y familiares de nuestros pacientes (nótese que hasta ése día ignoraban lo que ocurría) y la publicamos en nuestro blog. Lo ocurrido a partir de entonces es cosa sabida.

 

2.4 Zunbeltz Bedialauneta, Alcalde

Está claro que es quien menos responsabilidad tiene en este asunto; los problemas que ha tenido que enfrentar nada mas tomar posesión de la alcaldía no son moco de pavo, y me solidarizo con él en este sentido. De todas formas, una cosa no quita la otra y, en tanto que cabeza del municipio, le toca responder por las meteduras de pata del anterior alcalde, concejales y técnicos.

La respuesta que buscamos se resume en el siguiente punto: durante los últimos años (desde que el servicio de fisioterapia comenzó a prestarse) cada dos años se nos ha dado la posibilidad de optar a la renovación de la concesión. ¿Cuál es el motivo para no haberlo hecho en esta ocasión?

A nuestro parecer, se trata claramente de una cacicada por parte de ciertos funcionarios. Y eso requiere una respuesta del Ayuntamiento.

 

3.  ¿Son intocables los funcionarios?

Tengamos en cuenta que, en un Ayuntamiento, los políticos van y vienen: resultados electorales, escándalos, dimisiones… en pocos años todos los cargos electos pueden desaparecer de la escena. Pero los funcionarios permanecen.

De hecho, los técnicos cumplen un importante papel en la adecuada dinámica de un Ayuntamiento: son especialistas, tienen gran conocimiento de su campo, mucho más que los políticos. En este caso Ajuria lleva menos tiempo, pero Arauko, si no entendí mal en la reunión, lleva en el Ayuntamiento desde 1985 (es decir, en todos los gobiernos que se han sucedido desde la primera alcaldía de Félix Aranbarri).

Los funcionarios tienen mucho peso y saben muchas cosas; las que se han hecho bien, y las que no. Por lo visto, este gobierno de EH Bildu (a pesar de predicar la transparencia de este Ayuntamiento cada vez que tiene ocasión) no se atreve a plantarles cara; y menos a sancionarles administrativamente. Hay que tener en cuenta que, una vez que nosotros hayamos terminado con este asunto, ellos van a tener que seguir viendo las caras de estos funcionarios a diario; no quieren malos rollos con ellos. No parece que los del PNV vayan a portarse de otra forma. Dicho con otras palabras: el PNV se mostrará dispuesto  a atacar a EH Bildu, pero sin tocar a la Secretaria Municipal y a la Contable (que, tal como lo han sido en otros mandatos, serán sus compañeras de trabajo si ganan las próximas elecciones).

Esta intocabilidad de los funcionarios es una ofensa para los trabajadores “normales”, y las agrupaciones del PNV y EH Bildu de Ondarroa deberían tener esto muy en cuenta, si no quieren seguir deteriorando la imagen pública que tienen ante los habitantes del pueblo.

 

4.  Actualización de nuestra petición

Hasta el 4 de marzo reclamábamos la identificación de los responsables y su castigo. Una vez expuesto lo anterior, en cambio, consideramos que la responsabilidad está más repartida de lo que en un principio creíamos, por lo que debemos actualizar nuestra petición, que consiste en:

• Que el Ayuntamiento admita públicamente que ha metido la pata. Esto es: que por un error administrativo, se ha procedido a apartar a la empresa Aixebe del servicio de fisioterapia de la Residencia Artibai.
• Que en esta declaración, se identifique a los responsables con nombre y apellidos:
  • Ajuria, autora de un pliego de condiciones lleno de errores, y que ha mantenido una petición injusta contra nosotros.
  • Arauko, que interpretando literalmente una cláusula errónea ha mantenido una peticion injusta contra nosotros, y ha bloqueado los pagos.
  • Elu, que ha hecho caso omiso de nuestras peticiones de reunión para resolver el problema.
  • Bedialauneta, que ha dado el visto bueno a estas actuaciones.

Es todo lo que pedimos. Nótese que no reclamamos ni que se abra un expediente a los funcionarios responsables, ni que se les releve de su puesto, ni que los políticos dimitan.

¿Qué ofrecemos a cambio al Ayuntamiento? Publicar aquí su declaración del error cometido. No es poco: ya que con eso quedará en evidencia que en Ondarroa tenemos un Ayuntamiento de funcionarios y políticos sabios, que son capaces de rectificar sus errores. Y que no estamos gobernados por goodfellas que se tapan unos a otros.

 

Oier Gorosabel Larrañaga

Director del Centro de Fisioterapia Aixebe

Ondarroa, 31 de julio de 2016